SIN LÍMITES

Foto: Escuela Primaria Santa Rosa II (Municipio de Guaynabo)

Hace 21 años trabajé como maestro en una pequeña escuela rural del Municipio de Guaynabo. Era un plantel pequeño metido entre las montañas.

Recientemente, intenté averiguar si la escuela todavía existía y terminé encontrándola en Google Street View. No estaba preparado para lo que vi. El edificio sigue allí, pero la escuela desapareció.

El portón está cerrado, hay grafiti, humedad, vegetación y señales claras de abandono. La estructura luce como un lugar que pasó años expuesto al agua, al sol y al clima sin mantenimiento.

La imagen me produjo un choque difícil de explicar y no es nostalgia por aquella escuela, pues mi trabajo allí fue de corta duración. Sin embargo, verla así me confrontó con el hecho de que el Puerto Rico que dejé es significativamente diferente al de hoy.

El país sigue transformándose hacia adelante y hacia atrás, pero mis memorias quedaron congeladas ante la falta de contacto prolongado.

Puerto Rico nunca fue perfecto, pero todavía la educación se valoraba como parte de la movilidad social ascendente y la sociedad respetaba mucho el trabajo de los maestros.

Mis tiempos en el Departamento de Educación se caracterizaron por falta de libros, materiales y estabilidad laboral. Esas condiciones contribuyeron a que yo abandonara el magisterio definitivamente en 2005, aunque uno siempre mantiene la vocación.

Durante casi dos décadas me perdí gran parte de la transformación cotidiana de la isla: la pérdida poblacional, la reducción de matrícula, los cierres masivos de escuelas, la crisis fiscal y el deterioro de la infraestructura.

Aunque estuve al tanto de la situación con las escuelas a través de los medios, las noticias no me impactaban igual que ver en ruinas una de las escuelas donde trabajé.

El gobierno puertorriqueño puede tener razones legítimas para cerrar una escuela con poca matrícula. Eso ocurre en Puerto Rico y en Estados Unidos. La pregunta importante es ¿qué se hace con ese activo cuando pierde el uso original?

Una escuela cerrada todavía tiene valor. Hay terreno, estructura, conexiones eléctricas y sanitarias. Puede venderse, alquilarse, reutilizarse como vivienda, centro comunitario, oficina pública o para otros servicios. Y si nada de eso es viable, puede demolerse y recuperarse el terreno.

Lo que no debería ocurrir es dejar pasar un edificio público de desuso a ruinas. Y esa es la metáfora de cómo el gobierno puertorriqueño administra sus recursos.

Cada año sin mantenimiento reduce el valor del edificio. Entra agua, se deteriora el sistema eléctrico, la vegetación invade tuberías y desagües, aparece el vandalismo y eventualmente ya no queda una estructura reutilizable, sino un estorbo público carísimo de rehabilitar para el sector privado.

Y el daño no se limita al gobierno. Una propiedad pública abandonada afecta también la seguridad de la comunidad y el valor de las propiedades cercanas. Eso fue lo que más me chocó.

En Estados Unidos también cierran escuelas y edificios públicos, pero en la mayoría de las jurisdicciones se decide qué hacer luego del cierre. Se puede vender transferir, reutilizar, rehabilitar o demoler.

El asunto también me obligó a pensar en mi propia vida. ¿Qué habría pasado si yo nunca hubiera renunciado al Departamento de Educación? ¿Habría conseguido permanencia? ¿Habría sido declarado excedente? ¿Habría emigrado años después? No lo sé.

Lo cierto es que Puerto Rico cambió y yo también. Sigo siendo puertorriqueño y el español es mi idioma. Sin embargo, después de casi veinte años fuera, también me acostumbré a otra manera de funcionamiento institucional y gubernamental. Y la antigua escuela de Santa Rosa II en Guaynabo me obligó a reconocerlo.

Valdría la pena preguntarse qué problemas de Puerto Rico son consecuencia del estatus político y cuáles son problemas de gobernanza que continuarían existiendo bajo cualquier estatus.