He tomado una decisión identitaria inusual para muchas personas fuera de Estados Unidos, pero que para mí tuvo el mayor de los sentidos por razones prácticas e históricas. El 14 de septiembre de 2026 presenté ante el Tribunal de Sucesiones y Familias en Massachusetts una petición para cambio de nombre legal.
Los cambios de nombre legal son un procedimiento rutinario en los tribunales de Estados Unidos y una práctica socialmente aceptada. Una persona puede cambiar su nombre por adopción, matrimonio, divorcio, inmigración, religión, profesión, cambio de sexo o razones personales. El sistema judicial no limita las razones ni hay que explicarlas extensamente en la petición.
Antes de conceder el cambio, los tribunales investigan los antecedentes de la parte peticionaria. La investigación incluye verificaciones criminales a nivel federal y estatal. El sistema judicial quiere asegurarse de que el cambio de nombre no sea “inconsistente con el interés público.”
Presenté mi petición sin representación legal y pensé que tardaría mucho tiempo. Sorpresivamente, el tribunal tardó apenas siete días en aprobarla y ni siquiera fue necesaria una citación judicial.
Mis razones son prácticas y familiares. El apellido era difícil de pronunciar en inglés. Por dos décadas, tuve que acostumbrarme a deletrearlo para que lo escribieran bien y evitar que no me llamaran por otro nombre durante un trámite. Me cansé del deletreo.
Hubo también razones relacionadas con mi historial familiar, pero no tomé la decisión por rencor a nadie, sino para dejar de cargar hasta la muerte con un nombre que ya no me refleja.
La vida en Estados Unidos me ha obligado a desenvolverme fuera de una burbuja cultural hispanohablante. No tengo familia inmediata en Boston. Tengo una prima materna que es pastora pentecostal en Holyoke, en la región oeste de Massachusetts, a una distancia equivalente de Canóvanas a Aguadilla (154 km/96 millas).
Por otra parte, mi mejor amigo nació en Boston, de padres puertorriqueños, y creció entre angloparlantes. Con esa influencia, ha sido inevitable para mí adoptar prácticas, actitudes, valores y maneras de enfrentar problemas de la sociedad estadounidense. Y mi vida diaria ocurre mayoritariamente en inglés.
Entonces, si me van a juzgar por el cambio de nombre, prefiero que lo hagan desde los valores y las normas de la sociedad donde vivo, que no me juzga; no desde las expectativas sociales de Puerto Rico.
Uno de los aspectos que disfruto de mi nombre es la facilidad de pronunciación en inglés y español. No tengo que adaptar ninguna parte de él a la fonética inglesa para que me entiendan. En adición, el nombre no activa prejuicios contra los latinos recién llegados, pero tampoco borra mi origen.
Además, quise recuperar la visibilidad del apellido de mi ascendencia materna. Por dos décadas, he tenido a mi madre guardada en un cartapacio con mi certificado de nacimiento, porque en Estados Unidos no se usan dos apellidos si quieres evitar que te pongan el primero como segundo nombre.
Ya tengo la tarjeta del Seguro Social con el nuevo nombre y Massachusetts actualizó mi licencia de conducir. Debo ir a Puerto Rico para completar el trámite de mi certificado de nacimiento, porque requiere la notarización de documentos.
Sin embargo, el viaje a Puerto Rico no es urgente porque mi nuevo nombre ya está reconocido a nivel federal y estatal. El rol del Registro Demográfico de Puerto Rico es convalidar la orden judicial de Massachusetts e incorporar la enmienda a mi certificado de nacimiento; no decidir la validez de la decisión de otro estado que sí tiene jurisdicción legal sobre mí.
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